Abogados, familiares, amigos y vecinos de las nueve personas encarceladas en las últimas semanas tras ser detenidos por la Ertzaintza comparecieron ayer en Bilbo para denunciar que han sido torturados durante el periodo que han permanecido en dependencias policiales.
La operación comenzó con la detención, el 26 de enero, de Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber Uribe, Jabi Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola en localidades limítrofes de la costa entre Bizkaia y Gipuzkoa. En días posteriores fueron arrestados Urtza Alkorta y Zunbeltz Bedialauneta y la semana pasada Olaitz Lema e Igor Martín. Todos han sido encarcelados y han denunciado amenazas, golpes y presiones por parte de la Ertzaintza.
El letrado Alfonso Zenon, que estuvo acompañado por la también abogada Haizea Ziluaga, criticó la actitud mantenida por la Audiencia Nacional española y la Policía autonómica durante el operativo. Acusó al tribunal especial de actuar como un «tribunal de guerra» vulnerando derechos fundamentales de los detenidos y el derecho a la defensa, además de «permitir» que se puedan producir malos tratos en comisaría aplicando el régimen de incomunicación.
En cuanto a la Ertzaintza, afirmó que «tenemos que decir alto y claro» que la «flamante nueva división antiterrorista» de este cuerpo policial «tortura a las órdenes de Ares», en referencia al consejero de Interior de Lakua.
Zenon explicó que la Ertzaintza ha dejado de aplicar el protocolo contra la tortura que puso en marcha el anterior conse- jero de Interior en Gasteiz, Javier Balza, y que, además de incomunicar a los detenidos, es la propia Policía autonómica la que reclama a la Audiencia Nacional que les aplique ese régimen especial.
Tres hospitalizados
El abogado de los detenidos denunció que el teléfono de atención a los familiares que ofrece la Ertzaintza para las personas detenidas en régimen de incomunicación es un «paripé».
Contó cómo en todas las respuestas a los familiares les dijeron que los detenidos se encontraban en perfecto estado y en dependencias policiales, pero que cuando pudieron estar con ellos se enteraron que tres de ellos habían tenido de que ser ingresados en el hospital. Por ello, censuró que el teléfono de atención a familiares «desinforma y miente».
Según indicó Zenon, en el caso de uno de los arrestados -Asier Badiola- fue el propio médico forense el que pidió su ingreso en el hospital dado el estado en el que se encontraba. Badiola fue hospitalizado en dos ocasiones por las lesiones sufridas en las costillas y Xeber Uribe y Urtza Alkorta fueron observados también por los médicos por sendas contracturas musculares en el cuello, debido al largo tiempo transcurrido en posturas forzadas.
«Testigos incómodos»
Zenon cargó también contra la forma de actuación del tribunal especial en esta operación, ya que impidió a los abogados de confianza hasta permanecer en dependencias judiciales.
El letrado relató que solicitaron la aplicación del protocolo contra la tortura que establece que los arrestados sean visitados por un médico de confianza, que sean grabados en todo momento mientras permanezcan en dependencias policiales y que se comunique a los familiares dónde y en qué estado se encuentran.
Sin embargo, ni siquiera recibieron una contestación, ya que el juez Eloy Velasco argumentó que la causa estaba bajo secreto de sumario y que a los arrestados se les había impuesto por ley un abogado de oficio.
En este sentido, criticó que a pesar de que el sumario era secreto se han publicado en los medios de comunicación informaciones relativas a los detenidos. Añadió que tras pasar ante el juez y levantarles la incomunicación tampoco pudieron estar con los arrestados hasta que ingresaron en prisión y que, a día de hoy, los primeros detenidos no conocen las imputaciones en su contra ni los abogados han recibido auto alguno.
En su opinión, el tribunal especial actúa de esta manera porque los abogados son «testigos incómodos y no quieren que veamos a los detenidos nada más pasar ante el juez».
«Lo que hace la Audiencia Nacional aplicando la incomunicación es permitir la tortura para conseguir declaraciones inculpatorias», recalcó.
Zenon dijo que la aprobación de esa práctica ha hecho posible que los arrestados fueran sometidos a «interrogatorios ilegales continuos, sin abogado presente», que hayan «recibido golpes y amenazas», se les haya obligado a estar «en posturas forzadas» y hayan «recibido presiones y, sobre todo, tortura sicológica con amenazas hacia sus familiares, hijos pequeños y parejas» en dependencias de la Ertzaintza.
En nombre del movimiento pro amnistía y los vecinos de Ondarroa que asistieron a la comparecencia, Kemen Bedialauneta criticó que «utilizar la tortura es una decisión política» y persigue «objetivos políticos claros».
Una «decisión política»
Según declaró, «esos mismos que utilizan términos como paz, Estado de Derecho, democracia y convivencia son los que después deciden los métodos de tortura, preparan a los torturadores y ordenan que se torture».
Añadió que mediante la tortura tratan de conseguir «información política, obligan a los detenidos a realizar declaraciones policiales en su contra y, por supuesto, quieren extender el miedo en Euskal Herria».
Bedialauneta quiso enviar un abrazo a los nueve encarcelados tras la operación de la Ertzaintza e insistió en denunciar la actitud «hipócrita» que muchos mantienen ante la violencia «según de donde provenga».
En este sentido, reclamó la necesidad de adoptar «actitudes claras y compromisos serios» para acabar con la tortura. En nombre del movimiento pro amnistía realizó un llamamiento a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y, en especial, a los sindicatos de la Ertzaintza para que «hablen claro» ante las denuncias de torturas producidas.
Asimismo, criticó el «silencio» y la «censura» mantenida por los medios de comunicación con respecto a los testimonios de malos tratos recabados tras los encarcelamientos. Aludieron especialmente a EiTB por haber «silenciado y ocultado» en sus informativos las denuncias de torturas.
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa, en una nota enviada a los medios, también denunció los arrestos y encarcelamientos de las últimas semanas. Según censuró, «mientras la izquierda abertzale está dando pasos para lograr una solución democrática, el Gobierno español insiste en las vías represivas».
«Ni Franco, ni los nuevos franquistas -PSOE, PP- ni los colaboracionistas de aquí -PNV- van a conseguir detener la libertad de este pueblo», destacó.
Desde el sindicato abertzale denunciaron la actitud mantenida por la Comisión Gestora que gobierna la localidad vizcaina, tras ser ilegalizada la candidatura de la izquierda abertzale que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones municipales. Según señalaron, «no han hecho ni dicho nada a pesar de ver la violenta situación que ha padecido el pueblo».
También quisieron mostrar su solidaridad con todos los apresados y, en especial, con Urtza Alkorta, que recordaron fue elegida para ser edil por el pueblo de Ondarroa.
|