Lo han señalado recientemente Albert Recio y Rosa Cañadell que nunca hablan a modo de tertulianos pluriempleados: “El sistema educativo catalán es profundamente clasista”. La Nueva Ley de Educación catalana, aprobada el 1 de julio, ratifica el dictamen. La fecha debería pasar a la historia universal del entreguismo, el disparate político-cultural y la claudicación de fuerzas políticas autodenominadas de izquierda.

¿Con qué votos se ha aprobado la ley? Con los de CiU, PSC y ERC. La oposición del PP y Ciutadans tiene razones de apariencia lingüística y motivaciones netamente electoralistas: añadir leña al fuego controlado de su electorado españolista o tratado como tal.

La ley, desde luego, no es cualquier ley. No regula, por ejemplo, la forma de etiquetar orujo en la franja catalano-aragonesa. Regula la enseñanza preuniversitaria en Catalunya. Dejando aparte el tema de la inmersión lingüística, dejando para otra ocasión la mayor concentración de poder en las direcciones de los institutos y escuelas, promoviendo desde las instituciones la competitividad, que no competencia, entre agrupaciones públicas, vértice que no deja de ser otra arista más de la cosmovisión neoliberal que afecta de arriba a abajo y desde la derecha a su inexistente izquierda al conseller Maragall (hasta al punto que todo este conjunto de disparates trasnochados les parece, a él y a su equipo, simple sentido común), dejando aparte todo ello decía, la ley consagra la posibilidad de las externalidades privadas (fenómeno ya existente que irá, que está yendo de hecho, en aumento), la doble red, privada concertada-pública, dentro del ámbito de las instituciones públicas (de hecho, en las reuniones informativas de ciclos formativos acuden profesores y representantes de empresarios privados) y la financiación pública de negocios privados, negocios que incluso, si así lo estima el ideario del centro, podrán segregar a los jóvenes en función del sexo (eso sí, por ahora, no en función de su orientación sexual).

¿Le suena a cosa antigua? ¿A tiempos de marginación en época del cólera franquista, o de la transición encorsetada? Acaso peor, mirando desde determinado ángulo. Ninguna de las fuerzas políticas que han firmado la ley la hubieran apoyado en otras circunstancias políticas; no se hubieran atrevido. Incluso, es una conjetura arriesgada, no hubieran estado convencidas de sus supuestas bondades. La política era algo más que la gestión de los intereses privados y minoritarios.

Es ley, se ha dicho, para hacer país, es decir, para seguir construyendo un país donde los de siempre dominen y dirijan a los de siempre. CiU, con sus hooligans democristianos capitaneados enérgicamente por Duran i Lleida, ha votado entusiasmada a favor, anunciando acaso un próximo gobierno bipartito en Catalunya CiU-PSC (tripartito seguramente con la suma de ERC). ERC -lean bien: Esquerra Republicana de Catalunya- se ha quitado definitivamente la máscara de fuerza política de izquierdas y republicana, antisistema se llegó a decir en su momento. Algunos negocios clientelares, que no puedo precisar, deben estar en el fondo de su estrategia; si es sólo cuestión de convencimiento, apaguemos su luz definitivamente. PSC-PSOE, crecientemente un instrumento fiel y sin tensiones internas de los grandes poderes, ha sido la fuerza que ha redactado y promovido la ley, texto que cuenta entre sus máximos artífices al señor Maragall, al conseller de Educación, el representante más neoliberal del social-liberalismo político-ideológico del PSC, el hermano del ex president del 3%.

ICV-EUIA ha votado en contra (quiero suponer que no se ha abstenido a pesar de sus dudas anteriores, no tengo ahora mismo información precisa sobre este punto). Magnífico, excelente: se han superado finalmente vacilaciones iniciales y, me imagino, fuertes presiones PSC-ERC. La cuestión es ahora: ¿qué sentido tiene formar parte de un gobierno que toma esas decisiones y pacta, para reforzar el desaguisado clasista, con la principal fuerza de oposición, nada más y nada menos, que Convergència i Unió Democristiana? ¿Se pude seguir gobernando con quienes quieren llevar, con los que ya están llevando a la enseñanza pública a una posición marginal y subsidiaria? ¿Se puede apoyar a un gobierno que está eliminando, que va a eliminar en breve, los estudios nocturnos de bachillerato en Catalunya, que reduce plantillas, que incluso no es totalmente consistente con su decidida y significativa apuesta por los ciclos formativos, y que no ha avanzado ni avanza en el incremento de la inversión pública en educación?

En síntesis: la ley consagra y bendice, además de aumentar los conciertos en el ámbito de la formación profesional, tres líneas educativas en Catalunya. La privada-privada, la que usa por ejemplo el president de la Generalitat y el líder de CiU, destinada a sectores de alta burguesía catalana, y recién llegados con aspiracions, sensibles a temas de educación, sectores que inculcan a sus vástagos los valores del capital cultural y la distinción social; la línea privada concertada, con diferentes estadios desde luego en su seno, destinada a sectores de la mediana y pequeña burguesa, y sectores obreros desclasados y alejados de una enseñanza pública sin orden, dicen, y sin distinción; y la enseñanza pública apoyada básicamente por los convencidos, por los que apuestan por ella militantemente, por los trabajadores y trabajadoras que no han perdido el norte de su adscripción clasista y especialmente destinada a los hijos e hijas del grueso de la población inmigrante llegada recientemente a Catalunya.

Mientras tanto, de puertas hacia el ágora y los medios de persuasión, se habla de igualdad, de cultura, de educación, de transparencia, de formación crítica. Eso sí, con grupos de ESO que tienen 33 alumnos por clase, con alumnos de 8 o 10 nacionalidades diferentes por clase y con inevitables y escasas competencias lingüísticas, mientras se restringe el número de asignaturas optativas en bachilleratos y se acumulan líneas en algunos institutos, y se suprimen en otros, para evitar gastos innecesarios. Todo ello, claro está, para la grandeza de un país cada día más nuestro, es decir, más suyo.

Albert Recio lo ha expresado del modo siguiente en un reciente artículo publicado en el boletín electrónico de mientras tanto (70, mayo 2009) que ha sido recogido por rebelión:

Lo que verdaderamente refleja este pacto es el predominio de la cultura de la “distinción”, de la segregación, del racismo que subyace en los valores y comportamientos de amplios sectores de clase media. Valores que impregnan a gran parte de los cuadros de los propios partidos y a sus bases más próximas. No hay más que ver a qué escuelas acuden los vástagos de muchos de nuestros colegas universitarios (y analizar el discurso con el que justifican su preferencia por la “concertada”). Ampliar la concertación hacia la clase media es, sobre todo, una transferencia de renta hacia arriba. Cuando cualquier planteamiento igualitario, o simplemente reformista, abogaría por realizar un gasto compensatorio orientado a cubrir desde la escuela las limitaciones de recursos de las familias de bajos ingresos. Y donde resulta evidente que la escolarización exitosa de niños y niñas provenientes de otros países requiere de un esfuerzo adicional para facilitar, por ejemplo, una inmersión lingüística exitosa. Financiar con dinero público la red privada de formación profesional no sólo supone abandonar el proyecto de una buena red pública (prácticamente inexistente), sino también seguir apostando por la mala calidad de una formación que constituye un elemento estratégico básico para cualquier país serio.

Mejor imposible. Con la brevedad de lo esencial.